Si, como ha dicho Martínez Quirante más arriba, "el Estado renuncia a proteger a sus ciudadanos" no parece tener mucho sentido que se dedique a perseguir, enjuiciar y encarcelar los delincuentes. Especialmente a los delincuentes que atacan a los ciudadanos que se defienden por si mismos.
Esta afirmación parece tener menos validez si se tiene en cuenta que el número de reclusos por crímenes no violentos (y por tanto difícilmente atribuibles a la política de "armas para todos") es de 59% y que los recluidos por crímenes en los que se podrían haber utilizado armas de fuego son alrededor del 10%.
