Martínez Quirante, por fin, reconoce una de los potenciales peligros del control de armas: las víctimas (es decir, potencialmente casi todos los ciudadanos honrados y respetuosos de las leyes) quedan indefensos ante los criminales que, gracias al control de armas, ahora están seguros de que éstas no podrán defenderse. El control de armas generalmente no afecta a los criminales ya que estos raramente obedecen las leyes y, de todas formas, la mayoría de ellos no necesita armas para delinquir.

Algo así ha ocurrido en México donde, a pesar de que la constitución tiene una cláusula parecida a la Segunda Enmienda de la de los EE.UU. hay restricciones en la cantidad y tipo de armas que se pueden tener, todas las armas (de los ciudadanos obedientes de la ley) están registradas, se necesita un permiso gubernamental para adquirir armas y munición, sólo se pueden poseer pistolas de calibre menor de .380ACP, se necesita un permiso para llevar armas ocultas, etc.

Naturalmente los criminales (y la mayoría de los ciudadanos) no obedecen estas leyes, pero el control existe. Con 13 asesinatos por cada 100.000 h (3 con arma de fuego) los mexicanos prefieren no correr riesgos.