Martínez Quirante parece indicar ímplícitamente que el gobierno de los EE.UU. renuncia a proteger a sus ciudadanos y les permite armarse para que lo hagan ellos mismos. Esta implicación (que constituye una de las premisas principales de su intervención) es totalmente falsa: Los EE.UU. no renuncian a proteger a sus ciudadanos. La policía y el ejército existen en los EE.UU. y tienen esa misión. También tienen esa misión organizaciones gubernamentales como FEMA, Homeland Security, los US MArshalls y el FBI, por ejemplo.
Tampoco arman los EE.UU. a sus ciudadanos; simplemente les permiten esa opción. La tenencia de armas, sin embargo, es voluntaria. De hecho, en ciudades como Washington DC o Chicago la tenencia de armas cortas está prohibida a civiles y en ciudades como NY está severamente restringida. En estados como New Jersey, Maryland, New York, Michigan, etc., la tenencia de armas está estrictamente controlada. Sin embargo, sí hay un país europeo (Suiza) que obliga a sus ciudadanos a tener un arma en casa.
Por otra parte, el gobierno reconoce que no puede proteger más que a la sociedad en general y no es responsable de proteger a cada individuo en particular. Tanto en Europa como en los EE.UU. un ciudadano puede verse en la situación de tener que hacer frente a un criminal. En estos casos no puede contar con que la policía vaya a estar cerca para auxiliarle.
Por ejemplo, en España ya hay 23.000 mujeres que tiene una orden de protección. Tan sólo 354 agentes de policía están destinados a protegerlas. Es muy razonable pensar que, cuando una de ellas sea agredida, el agente no va a estar presente y, en caso de que la víctima pueda pedir ayuda, es muy posible que haya muerto antes de poder ser socorrida. En el 2004 la violencia de género se cobró 72 víctimas mortales.
Tanto los ciudadanos estadounidenses como los europeos (los españoles también) están autorizados a utilizar fuerza (razonable y proporcional) para defender sus posesiones. En el caso extremo de tener que defender su propia vida (o la de un semejante) pueden usar la máxima fuerza contra el agresor. La diferencia entre los EE.UU. y España es que en el primer país el ciudadano tiene más fácil acceso a herramientas que le permiten defenderse, mientras que en el segundo éstas están mucho más restringidas.
En cualquier caso, si el ciudadano de los EE.UU. hace uso de la fuerza (aun en defensa propia) y causa daños físicos o muerte a otra persona, la policía investigará el caso y, de ver indicios de criminalidad, acusará a éste. Entonces, un juez y un juzgado decidirán si el empleo de fuerza estaba justificado o no.
Ningún ciudadano de los EE.UU. tiene carta blanca para emplear fuerza; el Estado no se la da, y si la usa tendrá que dar cuentas ante un juez y un jurado.
